La tensión política en México aumentó cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó a las autoridades investigar las acusaciones recientes que involucran a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos del partido Morena. Estas afirmaciones han reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad del país.
Desde el Congreso, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, solicitó al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República esclarecer la existencia de algún indicio que relacione a los gobernadores con actividades ilícitas. Moreira enfatizó que es crucial determinar si las denuncias tienen fundamento o si, por el contrario, deberían ser desestimadas.
Este reclamo se desarrolla en un contexto político marcado por confrontaciones entre la oposición y el gobierno, donde el foco en los temas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado prevalece. La falta de información oficial respecto a las acusaciones ha alimentado incertidumbre entre la ciudadanía y ha impactado negativamente la percepción de México en el exterior.
Moreira subrayó que las instituciones deben ofrecer claridad sobre la situación. En sus palabras, "que se diga si hay pruebas o no" es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos y para eliminar las especulaciones que rodean a los gobernadores. Reiteró que es fundamental que la información sobre cualquier investigación esté basada en datos verificables y no en posicionamientos políticos.
Además de las demandas sobre las acusaciones, Moreira dirigió su crítica hacia la política de seguridad de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que los problemas actuales en el país son un reflejo de las decisiones tomadas durante dicho sexenio, citando la estrategia “abrazos, no balazos” como un mensaje erróneo que debilitó la lucha contra el crimen organizado.
Con información de tvazteca.com