Mayoría de ayuntamientos validan cambios constitucionales que permiten a la gobernadora proponer a un nuevo fiscal tras modificación en los artículos 33 y 49.
En una sesión celebrada durante la tarde del 3 de diciembre, el Congreso de Veracruz recibió la notificación de que 122 ayuntamientos aprobaron la reforma constitucional que otorga a la gobernadora Rocío Nahle García la facultad de remover y presentar una propuesta para integrar el nuevo fiscal general del estado. La actualización en los artículos 33 y 49 de la Constitución local establece que el mandato del fiscal durará cuatro años, con posibilidad de ratificación por un período similar. La reforma también indica que, tras la aprobación, será responsabilidad de la gobernadora proponer un candidato que debe ser avalado por los diputados para su ratificación.
Este cambio surgió en un contexto donde diversos municipios, entre ellos Acultzingo, Coatzacoalcos, y Xalapa, remitieron sus actas de cabildo, dejando fuera a algunos de los principales municipios como Veracruz, Boca del Río y Tuxpan, que no enviaron las documentaciones correspondientes. La modificación permite mayor autonomía en el proceso de selección del fiscal, orientando el proceso hacia una designación más transparente y ajustada a los nuevos marcos legales.
Es importante destacar que la reforma se realizó en un marco de cambios políticos y legales que buscan fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad en Veracruz, aspecto que resulta crucial para la estabilidad y confianza en la justicia local. La decisión de la gobernadora de proponer un nuevo fiscal marca un paso decisivo hacia la renovación del órgano responsable de la persecución de delitos en la entidad.
Las instituciones avanzan en la implementación de mecanismos que permitan una mayor participación y control en los procesos de designación, con la intención de asegurar que el nuevo fiscal tenga legitimidad y respaldo social. La modificación constitucional es vista como un avance en la estructura del sistema judicial y una oportunidad para reforzar la lucha contra la delincuencia en el estado.