Xalapa, Veracruz. - La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que el desafuero de los alcaldes del partido Movimiento Ciudadano (MC) se deba a razones políticas. Explicó que este procedimiento fue solicitado por las fiscalías General del Estado y General de la República en el marco de investigaciones en curso.
Datos clave
- Quién: Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz.
- Qué: Desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano.
- Dónde: Veracruz, México.
- Cuándo: Proceso de desafuero reciente, en 2023.
- Acusaciones: Implicaciones en casos graves como privación de libertad y asesinato.
Nahle indicó que el proceso de desafuero de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo, de Úrsulo Galván, responde únicamente a hechos delictivos graves. Subrayó que no hay una intención de atacar a los alcaldes por razones partidistas, enfatizando que, de ser el caso, incluso si estos fueran de su partido, insistiría en que enfrenten a la justicia.
El Congreso de Veracruz, actuando como Jurado de Procedencia, aprobó el retiro del fuero a los dos ediles luego de una solicitud de la Fiscalía General del Estado. Esta decisión abre el camino a procesos legales más serios que buscan esclarecer las acusaciones, que incluyen la participación de González en el asesinato de una reportera y a Bravo en la desaparición forzada de un empresario y su chofer.
¿Por qué es relevante el desafuero de los alcaldes?
El desafuero de los alcaldes de Movimiento Ciudadano pone de relieve cuestiones críticas sobre la actuación de las autoridades en Veracruz. Las acusaciones graves que enfrentan los ediles no solo tienen implicaciones legales, sino que también generan un debate sobre la transparencia en la política estatal. La gobernadora busca disuadir cualquier percepción de abuso de poder al afirmar que los procesos judiciales deben seguir su curso sin influencias externas.
Las reacciones desde el partido Movimiento Ciudadano han sido intensas, especialmente desde que su líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, denunció lo que considera una persecución política eficaz en contra de sus miembros. Nahle, sin embargo, ha mantenido su posición, insistiendo en que es fundamental que los acusados se presenten y defiendan ante las denuncias, remarcando que estos tienen la oportunidad de demostrar su inocencia en un proceso judicial adecuado.
La polémica en torno a este caso refleja la tensión política en Veracruz, donde el uso del desafuero como herramienta legal ha sido objeto de debate en el pasado, incluyendo otros incidentes que han sacudido la política local.
Con información de elmanana.com

