El gobierno mexicano aceptó su responsabilidad ante la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos en el caso de la mujer indígena, ocurrido en 2007.
En una decisión histórica, el gobierno de México asumió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de Veracruz, cuyo caso evidenció graves violaciones a sus derechos humanos. La sentencia se refiere a hechos ocurridos en 2007, cuando Ascencio fue víctima de violencia y negligencia por parte de fuerzas militares, en un contexto de vulnerabilidad y discriminación.
La indígena, que trabajaba pastoreando ovejas en Tetlatzinga, Atzompa, fue víctima de violación por soldados y, tras ser encontrada en estado agotado cerca de un campamento militar, no se le proporcionó atención médica oportuna en un hospital cercano. Pasaron más de 10 horas antes de su ingreso a un centro médico en Río Blanco, donde posteriormente falleció a los 73 años. La falta de traductores y atención adecuada evidenció la vulneración de sus derechos a la salud, la justicia y la protección judicial.
Este caso puso en evidencia las deficiencias del sistema de atención médica y justicia en zonas rurales, además de la persistente discriminación hacia las comunidades indígenas. En el contexto actual, el reconocimiento del Estado representa un paso importante hacia la reparación y la garantía de derechos para las víctimas de violencia estatal. La decisión refleja también el compromiso de las instituciones mexicanas en fortalecer los mecanismos de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, buscando evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Antes de este reconocimiento, casos como el de Ernestina han resaltado los desafíos que enfrentan los pueblos originarios frente a abusos y la impunidad, resaltando la necesidad de revisar las políticas públicas para proteger a las comunidades más vulnerables en el territorio nacional.