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Segob impugna decisión para reabrir casinos investigados por lavado de dinero

La Segob impugnó una resolución judicial que permite reabrir casinos acusados de lavado de dinero, en medio de investigaciones en curso en México.

Por Redacción1 min de lectura
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La secretaría de Gobernación interpone recurso legal tras una resolución judicial que permite restablecer operaciones a casinos vinculados a Ricardo Salinas Pliego, generando tensión con el Poder Judicial.

La Secretaría de Gobernación anunció que presentará una impugnación contra la resolución judicial que autoriza la reapertura de casinos operados por empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego, a pesar de las investigaciones abiertas por presuntas operaciones con recursos ilícitos. La medida busca revertir la decisión emitida por un juez federal que concedió una suspensión provisional para que estas instalaciones puedan volver a funcionar, tras bloqueos previos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Este caso se ubica en el contexto de una investigación en curso en la que la UIF y la Secretaría de Hacienda analizan las actividades de 13 establecimientos, entre ellos, varias propiedades de Salinas Pliego, por posibles vínculos con lavado de dinero. La decisión judicial que favorece la reapertura ha generado discrepancias, pues desde el gobierno consideran que no existen fundamentos para levantar las restricciones, en tanto, la autoridad judicial mantiene que la revisión corresponde al Poder Judicial.

Expertos indican que la disputa refleja una tensión entre diferentes poderes en el marco de una lucha más amplia contra actividades financieras ilícitas en el sector de los casinos. Además, una audiencia pendiente definiría si las suspensiones se vuelven definitivas en los próximos meses, en un proceso que continúa en fase judicial, mientras las autoridades aseguran que la ley debe prevalecer para garantizar la legalidad en este rubro.

La relevancia del caso radica en la crisis de confianza del sector de juego en México y en la lucha por fortalecer los mecanismos de control financiero contra delitos de lavado. La resolución judicial y la impugnación del gobierno muestran la complejidad de equilibrar derechos económicos con la necesidad de combatir actividades ilícitas en un escenario de alta sensibilidad social y económica.

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