Legisladores de diferentes partidos reaccionan a la votación en el Congreso estatal, acusando manipulación política y exigiendo respeto a derechos constitucionales.
En una sesión reciente, el Congreso de Querétaro rechazó la propuesta de despenalizar el aborto, lo que desató una serie de reacciones críticas por parte de legisladores y movimientos sociales. Representantes de Morena y del Partido del Trabajo acusaron a los diputados del PAN de utilizar el tema con fines políticos, calificando la decisión como un acto de ideología de ultraderecha que vulnera los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes.
La discusión fue marcada por reclamos acerca de la transparencia en el proceso legislativo, ya que algunos manifestaron que no se permitió la participación plena de todos los integrantes presentes, lo que consideraron un atropello democrático. Además, numerosos voces aseguraron que la votación contraviene resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que criminalizar el aborto es inconstitucional. La figura política en el estado, Claudia Sheinbaum, destacó que el derecho a decidir debe prevalecer y rechazó cualquier intento de manipulación en este tema.
Desde una perspectiva de salud pública, estadísticas recientes muestran que la penalización del aborto en la región ha contribuido a un incremento en las muertes maternas, duplicando los casos en Querétaro; una tendencia que preocupa a expertos y defensores de derechos reproductivos. La legislación vigente, que aún penaliza esta práctica, genera un impacto directo en la calidad de vida y la dignidad de las mujeres, por lo que diversos sectores insisten en que la discusión debe abordarse en un marco de diálogo abierto y respetuoso.
Expertos coinciden en que la despenalización del aborto es un paso fundamental para garantizar el acceso a derechos universales, y que rechazar su reconocimiento limita la autonomía femenina y perpetúa desigualdades. La controversia evidencia la polarización del tema en el contexto político y social, además de poner en evidencia la necesidad de avanzar hacia un marco legal alineado con los estándares internacionales y las jurisprudencias recientes.