El municipio reafirma su atención a la legislación en curso y destaca la importancia de la Comisión Estatal de Aguas en la prestación del servicio.
En el contexto del debate legislativo sobre la propuesta de reforma en materia de gestión hídrica, las autoridades municipales de Querétaro expresaron su compromiso de seguir los procesos legislativos con respeto y atención. La administración local subrayó que la normativa todavía está en etapa de aprobación y que monitorearán su desarrollo para entender el impacto que pudiera tener en la prestación del servicio de agua potable, gobernado actualmente por la Comisión Estatal de Aguas.
La normativa en discusión busca definir de manera clara las responsabilidades sobre la gestión del recurso hídrico, considerando las condiciones geográficas y sociales de diferentes regiones del país. En Querétaro, al igual que en otros estados, la prestación del servicio ha sido gestionada tradicionalmente por entidades estatales, en línea con la constitucionalidad que permite la administración directa por parte de los municipios, aunque las condiciones específicas del territorio han favorecido un modelo estatal.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, aclaró que en casos de modificaciones federales que alteren la estructura actual, sería necesario contar con mayores recursos para que los ayuntamientos puedan cumplir con sus responsabilidades. Destacó que, pese a las capacidades actuales del municipio, cualquier cambio en la legislación requeriría de recursos adicionales para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La postura refleja la voluntad de la administración local de mantenerse informada y preparada para ajustarse a las futuras disposiciones que puedan afectar a la gestión hídrica en la región.
En conclusión, las autoridades queretanas mantienen una postura de respeto y atención a la legislación en marcha, priorizando el interés público y la adecuada gestión del recurso, sin abandonar su rol en la prestación del servicio y considerando la necesidad de recursos adicionales en caso de cambios normativos importantes.