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Nuevo León

Nuevo León aprueba Ley para combatir Delitos Electorales

Nuevo León aprueba ley para sancionar fraudes electorales y regular prácticas ilegales en comicios, con penas severas incluidas.

Por Redacción1 min de lectura
La nueva legislación sanciona prácticas fraudulentas en procesos electorales y regula el uso de herramientas digitales.
La nueva legislación sanciona prácticas fraudulentas en procesos electorales y regula el uso de herramientas digitales.
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En medio de tensiones políticas, el Congreso de Nuevo León ha dado luz verde a una nueva Ley en Materia de Delitos Electorales. Esta normativa pretende prevenir fraudes y establecer sanciones para quienes utilicen prácticas ilícitas, como el uso de códigos QR y "acordeones", que han buscado influir de manera ilegal en las decisiones de los votantes.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Caballero, explicó que la legislación se basa en propuestas del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Javier Solís. Se enfoca en regular tanto el ambiente físico como el digital durante los comicios, intentando frenar acciones que han sido comunes en procesos anteriores, como la movilización indebida de votantes y la propagación de información falsa en redes sociales.

La ley incluye un total de 23 artículos que abordan conductas irregulares de diversos actores políticos, incluyendo funcionarios, candidatos y grupos que intenten actuar fuera de la ley. Además, se incorporan medidas para proteger la integridad de las consultas populares y la revocación de mandato, al tiempo que se busca combatir la violencia política hacia las mujeres.

Las sanciones que establece esta nueva legislación son severas y varían dependiendo de la gravedad de las infracciones. Se prevén penas de prisión que van de seis meses a 15 años, así como multas que oscilan desde aproximadamente 5,900 pesos hasta cerca de 586,550 pesos.

La fracción de Movimiento Ciudadano ha expresado su malestar con respecto a la forma en que se ha aprobado esta ley. La legisladora Sandra Pámanes criticó que la iniciativa debió ser impulsada por la Fiscalía General, no directamente por la FEDE. Además, anticipó que el gobernador Samuel García podría vetar la normativa si es ratificada por el pleno del Congreso, señalando preocupaciones sobre su constitucionalidad y el uso político de la ley.

Con información de telediario.mx

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