La propuesta de aumentar impuestos en productos de salud requiere respaldo en destinación de recursos para mejorar el sistema sanitario y reducir enfermedades.
En el ámbito de la política de salud pública, incrementar los gravámenes a productos como bebidas azucaradas y tabaco es considerado una estrategia con alta relación costo-beneficio para reducir el impacto de enfermedades relacionadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende en gran medida de la claridad en la utilización de los fondos recaudados. La experiencia reciente muestra que, si bien la recaudación fiscal ha aumentado en años recientes, los recursos no se han destinado adecuadamente a programas de prevención, atención médica o fortalecimiento del sistema sanitario. A lo largo del último sexenio, las políticas fiscales generaron aproximadamente un billón de pesos en Impuestos Especiales, pero dichos fondos no se reflejaron en mejoras concretas en la calidad y cobertura de los servicios de salud, que enfrentan limitaciones significativas en dotación y atención eficiente. La falta de un plan transparente para etiquetar esos recursos contribuye a que las políticas fiscales en salud pierdan impacto, dificultando el combate a las enfermedades crónicas y afectando la salud general de la población. Además, expertos señalan que ciertos productos considerados en las propuestas, como las bebidas alcohólicas, también generan daños severos, pero no son incluidos en los impuestos propuestos, evidenciando inconsistencias en las estrategias fiscales y sanitarias. La integración de medidas de fiscalización, etiquetado y asignación de recursos resulta fundamental para que los impuestos tengan un efecto real en la salud pública.