Washington D.C. - La administración del presidente Joe Biden, a través de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, envió un contundente mensaje a políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado. En su entrevista, Carter declaró que aquellos que colaboren o sean cómplices con cárteles enfrentarán severas repercusiones, afirmando que "iremos tras ustedes".
Los comentarios de Carter surgen en medio de crecientes denuncias sobre la implicación de gobernadores en actividades criminales. La directora advirtió que los funcionarios tanto en altos cargos como aquellos en posiciones menores no podrán "dormir tranquilos" si están involucrados con organizaciones delictivas. Esta advertencia refuerza el escrutinio que enfrentan políticos como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros mandatarios de Morena, quienes han sido señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Carter subrayó que la presión de Washington sobre la llamada 4T se torna más intensa, y que no habrá tregua en la persecución de aquellos que coludan con el crimen organizado. Los nombres apuntados no son nuevos. Además de Rocha, se mencionan a otros gobernadores como Américo Villarreal de Tamaulipas, cuyo acceso al poder ha sido objeto de acusaciones de financiamiento ilícito, y Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, señalado por su cercanía a grupos criminales.
La amenaza de sanciones como el congelamiento de activos y la revocación de visas se torna inminente. Esta situación deja en evidencia la frágil línea que separa a los políticos de la “impunidad” en el ámbito nacional, mientras que Estados Unidos se prepara para actuar frente a cualquier indicio de colusión.
A medida que las autoridades estadounidenses afilan su estrategia, el futuro de muchos de estos gobernadores podría estar en la cuerda floja. La presión internacional se incrementa y se espera que los próximos meses traigan consigo un incremento en las investigaciones y acusaciones.
Con información de diariodechiapas.com