La vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles, impuesta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tiene como plazo de cumplimiento el 30 de junio de 2026. Esta medida busca que cada número de teléfono esté relacionado con una persona identificada, con el fin de prevenir fraudes y facilitar la verificación de usuarios.
El objetivo de la medida es comprensible; sin embargo, el enfoque comunicativo ha fallado. Muchos usuarios han recibido mensajes que sugieren que deben realizar el proceso de vinculación, pero no está claro que la mayoría de las líneas de pospago ya están vinculadas desde su contratación. Los usuarios de estos planes suelen haber presentado identificaciones oficiales y datos personales, por lo que sus números ya corresponden a individuos o empresas.
A pesar de esta realidad, se ha instado a las empresas a enviar notificaciones a sus clientes, incluso si sus líneas fueron adquiridas hace más de una década. Esto ha causado confusión, ya que los usuarios no siempre diferencian entre un aviso de información y una obligación. Un mensaje puede hacer que la persona se sienta en riesgo o crea que debe realizar una acción innecesaria.
El papel de la comunicación institucional es esencial en este caso. José Solís Juárez, director de Comunicación Social de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, debería priorizar la claridad del mensaje en lugar de enfocarse en confrontaciones. Sin una explicación adecuada, la percepción de riesgo entre los usuarios seguirá creciendo. La medida en sí no implica crear nuevas bases de datos, sino verificar registros que ya existen y están protegidos.
Si no se aborda con precisión que la vinculación ya puede haber ocurrido en muchos casos, el propósito de la medida se perderá en una maraña de malos entendidos. Para que la política pública tenga éxito, no solo se requiere implementación; también es crucial una comunicación efectiva.
Con información de zocalo.com.mx