Aunque la UIF congeló miles de millones, más del 87% fue desbloqueado por resoluciones judiciales y administrativas, reduciendo su impacto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha enfrentado desafíos en la efectividad de sus bloqueos de cuentas relacionadas con delitos financieros. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la dependencia identificó que, tras inmovilizar más de 32 mil millones de pesos, aproximadamente 87% de estos fondos fueron liberados tras resoluciones judiciales, administrativas o mediante decisiones internas. A junio de 2025, solo permanecían bloqueados alrededor de 3 mil 812 millones de pesos, con recursos de más de 6 mil 500 personas aún en disputa legal. La mayor parte del dinero que se desbloqueó corresponde a amparos y suspensiones definitivas, lo que evidencia que las decisiones judiciales son una barrera significativa para mantener los fondos en espera de posibles investigaciones. La UIF también reportó el bloqueo de más de 10 mil cuentas vinculadas con crimen organizado, por un monto total de casi dos mil millones de pesos, aunque muchas de estas medidas se ven afectadas por la misma dinámica legal. Este escenario refleja que, si bien la autoridad realiza esfuerzos importantes para prevenir operaciones ilícitas, la efectividad en mantener los fondos decomisados aún requiere fortalecer mecanismos que eviten su rápida liberación.
ENRIQUECIMIENTO: Es importante señalar que la dificultad para mantener inmovilizados estos recursos limita el impacto de las acciones anticrimen y anticorrupción. La existencia de continuas resoluciones favorables para los titulares de las cuentas genera una revisión constante del mecanismo de bloqueo, que en algunos casos puede favorecer la impunidad y la fuga de activos ilícitos. La eficiencia en el sistema judicial y administrativo es clave para que la UIF tenga un efecto disuasorio más sólido y garantice que los fondos vinculados a actividades criminales sean recuperados por el Estado y utilizados en programas de prevención y justicia.