WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS. – En un giro significativo de su política hacia Venezuela, Estados Unidos intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al imponer sanciones a familiares y allegados del presidente y de su esposa, Cilia Flores. Esta medida amplía la estrategia estadounidense, que ahora no solo se enfoca en funcionarios de alto nivel, sino que extiende su alcance al círculo íntimo del mandatario, buscando desmantelar las redes que, según Washington, sustentan su permanencia en el poder.
El Departamento del Tesoro anunció la inclusión de siete personas directamente vinculadas a Maduro y Flores en su lista de sancionados. Scott Bessent, secretario del Tesoro, calificó a los afectados como apoyos del “narcoestado rebelde de Nicolás Maduro”, elevando el nivel de las acusaciones por parte de la administración estadounidense. Estas acciones se enmarcan en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en el hemisferio, con el objetivo declarado de impedir que Venezuela sirva como plataforma para la introducción de estupefacientes y de proteger la estabilidad regional.
La administración Trump ha reforzado la narrativa de que la presión económica y legal es una herramienta clave para forzar cambios en Caracas, vinculando estas sanciones con su postura firme contra lo que califican como una “dictadura ilegítima”. La ofensiva se ha visto acompañada de un despliegue militar en el Caribe, operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y la incautación de un petrolero sancionado. Adicionalmente, se ha declarado un “bloqueo” a los petroleros sancionados que intenten entrar o salir del país.
El foco específico de las sanciones recae en el entorno familiar de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, a quien Estados Unidos señala por presunta participación en esquemas de corrupción dentro de la petrolera estatal venezolana. La medida ahora abarca a su madre, hermana, esposa e hija, así como a su padre, extendiendo el castigo financiero a un núcleo familiar completo con el fin de cortar cualquier vía de protección patrimonial o movilidad financiera ligada al poder político.
Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha rechazado las acusaciones, negando vínculos con el crimen organizado y acusando a Washington de buscar un cambio de régimen para controlar las reservas petroleras del país. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Información venezolano no había emitido una respuesta oficial a las nuevas sanciones.