La dependencia continúa resolviendo litigios por prácticas irregulares del pasado, con 123 procesos activos y pagos millonarios en la administración actual.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) enfrenta actualmente un desafío importante en la resolución de más de 300 juicios laborales heredados de administraciones pasadas. Desde que tomó funciones en septiembre de 2022, la dependencia ha identificado que muchos litigios surgen de despidos que carecían de sustento legal y no respetaban los protocolos laborales establecidos. Hasta la fecha, 123 procedimientos permanecen en trámite, mientras que otros han sido resueltos mediante negociaciones o sentencias definitivas, reflejando un esfuerzo de la autoridad por minimizar el impacto financiero.
La situación es compleja, pues los procesos judiciales revelan que en varios casos las separaciones del cargo no estaban respaldadas completamente por documentación adecuada, lo que incrementa la dificultad para defender las decisiones administrativas. En este contexto, la SEPH trabaja con responsabilidad para reducir las pérdidas económicas del sistema educativo y ha pagado en total cerca de 19 millones de pesos en la resolución de 18 laudos laborales, algunos de los cuales ya fueron definitivos en su fallo.
Además, desde el inicio de su gestión, la secretaría ha iniciado 215 procedimientos internos relacionados con conductas indebidas, irregularidades y presuntas responsabilidades administrativas. En ese período, también se han dado de baja a 94 maestros por abandono de trabajo y han sido sancionados cinco docentes por órdenes judiciales; además, hay 16 empleados suspendidos por procesos penales en su contra, recopilando casos ocurridos tanto dentro como fuera del aula.
En materia de protección infantil, se garantiza que cada denuncia de violencia o abuso sexual por parte del personal docente sea canalizada de inmediato a las autoridades correspondientes, y que solo tras emitirse una sentencia definitiva se proceda a la separación del trabajador. La Secretaría de Educación también lidia con 82 juicios de amparo, 25 procesos penales y 14 civiles, evidenciando la magnitud de los retos jurídicos que enfrentan para mantener el orden y la integridad en el sistema educativo.
La gestión actual continúa enfrentando estos desafíos con una estrategia integral que combina la resolución judicial, procedimientos internos y acciones preventivas, buscando fortalecer el sistema y reducir las prácticas irregulares que afectaron la confianza en la institución.