Tras la reducción de fondos, el gobierno de Milei exige un pago elevado por el uso de puentes provisionales instalados tras una histórica inundación, generando malestar en la ciudad
El gobierno nacional de Javier Milei ha establecido un acuerdo de alquiler por el uso de dos puentes modulares instalados en Bahía Blanca tras la devastadora crecida del arroyo Maldonado en marzo pasado. A través de convenios oficiales, la Municipalidad debe abonar cada tres meses más de 43 millones de pesos, incluyendo el costo del seguro, por el uso de estas estructuras provisionales. La reciente publicación en el Boletín Oficial Municipal reveló que, aunque las obras han sido esenciales para mantener conectividad en una ciudad afectada por inundaciones, la modalidad de alquiler ha generado rechazo local, ya que no se trató de una cesión sino de un contrato oneroso. La situación se produce en un contexto de críticas por parte de concejales bahienses hacia el Ejecutivo nacional, quienes señalan la omisión de obras prioritarias en el presupuesto 2026 y las inconsistencias en otros proyectos clave, como la reconstrucción de puentes en rutas nacionales afectadas por la crecida del agua. Mientras tanto, en Bahía Blanca, también se demanda la reactivación de inversiones en infraestructura vial fundamental para el desarrollo regional, como la autopista Paso Urbano, que aún presenta retrasos a pesar de contar con importantes financiamiento previo. Estos hechos reflejan las tensiones entre las necesidades inmediatas de recuperación y la política presupuestaria de la administración de Milei.