El gobernador de Córdoba implementa una significantiva mejora en las pensiones, diferenciándose de las medidas nacionales y asegurando recursos mediante fondos provinciales.
En un movimiento decisivo, el mandatario de Córdoba anunció una actualización significativa en los beneficios de jubilación para la provincia, elevando la jubilación mínima en un 84,21%. La medida contempla un incremento de la prestación mensual de 380.000 a 700.000 pesos, en un momento en que el gobierno nacional contempla futuras modificaciones en los haberes mínimos de todo el país. Además, se implementará un bono bimestral de 100.000 pesos dirigido a jubilados con ingresos de hasta 1.3 millones de pesos mensuales, buscando complementar sus pensiones de forma no contributiva.
El anuncio de Llaryora responde a un contexto económico y político particular, ya que Córdoba logró asegurar recursos de la Nación mediante un acuerdo judicial que le permite recibir aproximadamente 5 mil millones de pesos mensuales, provenientes de la deuda histórica de la Caja de Jubilaciones provincial. Estos fondos, acordados tras una resolución en la Corte Suprema, garantizan la financiación de la medida y fortalecen la posición financiera de la provincia para el resto del año, en medio de negociaciones pendientes sobre una deuda global que supera el billón de pesos.
Este incremento no solo busca aliviar la situación de los jubilados cordobeses, sino que también representa una señal de autonomía y diferenciación respecto a las políticas nacionales, en un escenario donde la provincia ha fortalecido su caja mediante recientes colocaciones de bonos y recuperación de fondos. La decisión de Llaryora, que supera ampliamente las cifras nacionales, tiene el potencial de influir en discusiones sobre reformas previsionales en otras jurisdicciones del país.