La Misión Civil realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los hallazgos sobre agresiones narcoparamilitares en Guerrero. Este informe destaca las violaciones a derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas organizadas, como el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).
Los testimonios indican que los ataques incluyeron el uso de drones y armas de alto calibre, destruyendo cultivos y viviendas. En la comunidad de Tula, los residentes huyen del temor que generan estas agresiones, y no se aprecian las condiciones necesarias para su retorno. Los miembros de la Misión resaltan la existencia de municiones de uso exclusivo del ejército y la devastación de sus pueblos.
Malinalli Vega, integrante de la Misión, denunció el objetivo deliberado de aniquilar las comunidades para evitar su repoblación. Además, la abogada Karla Zamora señaló la falta de seguimiento por parte del Estado sobre la violencia sistemática hacia las comunidades nahuas, calificando los ataques como crímenes de lesa humanidad y criticando la ausencia de investigaciones.
Zamora exigió la protección adecuada para los defensores de derechos humanos que han sido blanco de esta violencia, haciendo eco de casos trágicos como el de Isaías, un promotor comunitario asesinado tras solicitar protección. La Misión reportó también que su pedido de acompañamiento para ingresar a comunidades afectadas fue ignorado, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos.
Al abordar la pregunta sobre por qué clasificar a “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, los integrantes de la Misión mencionaron el tipo de armamento y tácticas utilizadas. Desde hace más de diez años, estas comunidades han resistido la presión de grupos criminales que buscan establecer rutas de narcotráfico, lo que ha intensificado conflictos en la región.
Con información de biodiversidadla.org