Familias de los normalistas exigen justicia y revelaciones clave en el aniversario 11 de la desaparición en Iguala, mientras aparecen figuras políticas en las protestas.
El 26 de septiembre marca el undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, un episodio que moviliza a familiares y activistas que demandan respuestas y justicia. En diferentes marchas, los manifestantes responsabilizan a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto por su papel en la construcción de la narrativa oficial del caso, que durante años fue cuestionada por investigaciones independientes. La principal reclamación es la entrega de documentación clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional, supuestamente vinculada a los hechos ocurridos aquella noche, y el esclarecimiento de sucesos relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes.
En el contexto actual, estallaron pintas y actos de protesta en lugares emblemáticos del país, donde figuras como Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón y otros exfuncionarios del sexenio han sido señalados por su implicación en la estrategia oficial sobre el caso. Murillo Karam, exprocurador general, fue vinculado a proceso en 2022 y actualmente enfrenta prisión domiciliaria, mientras que Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, continúa prófugo en Israel. Otros actores, como el expresidente y el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también han sido objeto de demandas sociales por su posible participación o omisiones en las investigaciones.
Las familias han lanzado un llamado a las instituciones para avanzar en cinco líneas de investigación específicas, incluyendo la desclasificación de documentos militares, esclarecer movimientos policiales y coordinar esfuerzos internacionales para capturar a prófugos clave. La marcha prevista para este día recorrerá Paseo de la Reforma y llegará al Zócalo, expresando la demanda de justicia y verdad que aún persiste tras más de una década. La conmemoración reafirma la importancia de mantener viva la memoria y la lucha por los derechos de los estudiantes desaparecidos, en un escenario donde la historia continúa siendo escrita con reclamos sociales y acciones gubernamentales.