Baja California Sur. - La reciente destitución de cinco diputados y la remoción de la presidenta del Congreso por parte del partido Morena han desatado una controversia política. Estos actos son considerados un ensayo de un golpe de Estado que busca desestabilizar la administración del estado y permitir la victoria del partido en futuras elecciones.
La acción fue respaldada por diputados de Morena, quienes argumentaron una falta de asistencia de los legisladores del PAN como justificación para proceder con despidos inusuales y la remoción de la líder del Congreso. Este movimiento se percibe como un intento de silenciar a la oposición y asumir el control total del Poder Legislativo local.
El gobernador Carlos Mendoza Davis ha manifestado su desacuerdo con estas decisiones, al afirmar que buscará revertir lo ocurrido a través de los canales legales correspondientes. La intervención de la Suprema Corte, que anuló el procedimiento de destitución, no ha detenido a los morenistas, quienes continúan actuando como si tuvieran legitimidad en sus acciones.
Históricamente, los procesos de desafuero deben llevarse a cabo en el Congreso de la Unión, asegurando así la protección de los legisladores. Sin embargo, la operación de Morena en Baja California Sur es vista como un laboratorio para probar tácticas que podrían aplicarse a nivel nacional, lo que genera inquietudes sobre las intenciones del gobierno federal.
Este episodio no solo afecta a Baja California Sur, sino que plantea un escenario alarmante sobre la posible erosión de las instituciones democráticas en México. Los próximos pasos son cruciales, ya que el país observa cómo se desenvuelven estos acontecimientos y su impacto en la política nacional.
Con información de zocalo.com.mx