La legislatura de Maine ha aprobado nuevas leyes que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales entrarán en vigor el miércoles. Estas políticas restringen el acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como su colaboración con la policía local.
Datos clave
- ¿Quién? La gobernadora demócrata Janet Mills, junto a la legislatura estatal.
- ¿Qué? Nuevas leyes limitando la cooperación con ICE.
- ¿Dónde? Estado de Maine, Estados Unidos.
- ¿Cuándo? A partir del miércoles, después de su aprobación.
Las medidas, llamadas “ICE Out” (Fuera ICE), incluyen limitaciones a la colaboración de las fuerzas de seguridad locales. Una de ellas prohíbe que las autoridades detengan a inmigrantes con el fin de trasladarlos a centros de detención federal, y busca eliminar el miedo que podría disuadir a inmigrantes de acudir a la policía. Según la Unión de Libertades Civiles de Maine (ACLU), estas leyes permiten que las personas se sientan más seguras al interactuar con las autoridades locales, más allá de cuestiones migratorias.
¿Qué impacto tienen estas leyes en la comunidad?
La nueva legislación tiene un enfoque particular en proteger a los inmigrantes y fomentar su bienestar. Por ejemplo, el acceso de agentes federales a escuelas públicas y centros médicos solo será permitido si presentan una orden judicial. Lo mismo aplica para información sobre arrendatarios. Durante años, la política del Departamento de Seguridad Nacional había estado orientada a regular las detenciones en lugares sensibles, un enfoque que había sido revertido por la administración del expresidente Donald Trump.
¿Qué otras medidas se están considerando en otros estados?
Maine se suma a una lista creciente de estados que adoptan políticas similares, como Nueva York, California y Massachusetts, que buscan reducir la colaboración local con ICE. Rubén Torres, director de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine, destacó que estas medidas permiten a las personas continuar con sus actividades cotidianas sin temor a represalias.
Mientras tanto, la ACLU mantiene la preocupación de que ICE no cumpla con estas restricciones. Sin embargo, se confía en que las fuerzas de seguridad locales actúen en concordancia con las nuevas normativas. La ACLU ha documentado múltiples casos de mala conducta de ICE, lo que resalta la importancia de establecer límites claros en su funcionamiento.
El impacto de estas nuevas leyes se sentirá en los próximos días, ya que se espera un incremento en la confianza de las comunidades inmigrantes para buscar servicios y asistencia sin miedo.
Con información de laopinion.com