San José, Costa Rica. - La Defensoría de los Habitantes ha solicitado la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar si el país cuenta con los recursos necesarios para enfrentar los riesgos vinculados al uso de la inteligencia artificial (IA) en el contexto de fraudes financieros. Esta inquietud surge en un periodo de rápido avance tecnológico, donde se percibe un incremento en el uso de IA para actividades ilegales.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ha señalado que Costa Rica posee un marco jurídico general, robusto y tecnológicamente neutro, que puede abarcar el uso de herramientas de IA para prevenir fraudes sin necesidad de normas específicas. No obstante, se reconoce que dicha neutralidad no impide que se desarrollen mecanismos específicos de supervisión y gestión de riesgos relacionados con la IA.
A pesar de contar con esta infraestructura, la Defensoría advierte que los ciudadanos costarricenses son especialmente vulnerables a fraudes electrónicos. Este fenómeno se ha intensificado tras la pandemia de Covid-19, que impulsó la adopción de canales digitales y tecnologías, aumentando así la exposición a riesgos.
Entre las propuestas planteadas se incluyen el fortalecimiento de evaluaciones de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, así como medidas sobre la gobernanza, la asignación de responsabilidades y la seguridad de datos. La iniciativa busca además coordinar esfuerzos técnicos y promover el desarrollo de guías de buenas prácticas para garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en servicios financieros.
En este momento, la respuesta de las distintas instituciones sobre la creación de esta mesa de trabajo está pendiente de evaluación.
Con información de larepublica.net