La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de una propuesta de reforma que busca identificar a los candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral de 2027 que puedan tener vínculos con el crimen organizado. La iniciativa se enfocará en la creación de una comisión que investigue los antecedentes penal, civil y fiscal de los aspirantes antes de su formal inscripción por parte de sus partidos.
Esta medida surge en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado la detención y extradición de funcionarios mexicanos, incluidos algunos con probable relación con grupos narcotraficantes. En su conferencia, Sheinbaum enfatizó que la reforma buscará generar una “Comisión de verificación de integridad de candidaturas”, que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE), para investigar si existen antecedentes delictivos en los candidatos.
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no inhabilitará a los ciudadanos, sino que permitirá a los partidos políticos tomar decisiones informadas sobre el registro de sus candidatos. Esto se llevará a cabo bajo condiciones de confidencialidad, para resguardar la presunción de inocencia de los aspirantes.
La iniciativa incluirá un esquema de consulta de cada candidato ante agencias de inteligencia y fiscalía para identificar posibles casos de riesgo por vínculos con actividades delictivas. Con esta reforma, se pretende asegurar que los partidos tengan acceso a información esencial para evitar que individuos con antecedentes criminales contiendan por un cargo público.
Si se aprueba esta reforma, marcará un avance en el proceso electoral y ofrecerá mayores garantías de transparencia y seguridad electoral para el próximo ciclo electoral.
Con información de afntijuana.info