La Plata, Buenos Aires. - Dos juezas de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata enfrentan una denuncia por supuesta elaboración de una resolución paralela que alteró el voto del camarista Raúl Dalto. Esta controversia se desató tras una auditoría informática en la que se registraron 18 modificaciones en el documento original antes de su firma, lo que pone en entredicho la imparcialidad de las magistradas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard.
La investigación, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, reveló que las alteraciones en el archivo corresponden a la mañana del 11 de mayo de 2026. Las intervenciones en la resolución cuestionada no podrían justificarse como un error administrativo y llevaron a Dalto a ampliar su denuncia, sugiriendo la posible comisión de prevaricato, además de falsificación.
El conflicto se deriva de una disputa por terrenos en City Bell, donde se proyecta la urbanización Clementina II, impulsada por Astufa Fiduciaria S.A. La familia Carrizo, que ha ocupado dichos terrenos durante aproximadamente seis décadas, señala intentos de desalojo por parte de terceros desde 2020. Un juez de Garantías, Pablo Raele, decidió no ejecutar el desalojo al considerar que existían impedimentos legales, devolviendo el asunto a la Cámara.
"La existencia de una segunda versión de la resolución es un punto crítico en esta investigación", declaró Raúl Dalto. La denuncia debe determinar quién realizó las intervenciones y con qué propósito, así como si estas influenciaron el contenido final de la decisión judicial.
La UFI investiga cómo las juezas manejaron el caso y su conocimiento sobre las leyes en el momento de la resolución, mientras que la causa continúa su desarrollo, con la recolección de evidencias y una revisión exhaustiva de los documentos implicados.
Con información de puntocapitalnoticias.com