Un juez de control dictó prisión preventiva a Guadalupe “N”, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., señalada por su implicación en una red de contrabando de hidrocarburos. La captura se realizó en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Datos clave
- Detención: 8 de agosto de 2026
- Acusación: Delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos
- Pérdidas al erario: Más de 4 mil millones de pesos
- Total de detenidos: Nueve personas, incluido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
La imputada, quien enfrenta cargos graves, fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendiendo a una orden judicial. Tras su audiencia inicial, solicitó la duplicidad del término constitucional para aclarar su situación jurídica.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) revela que la red criminal utilizaba el transporte ferroviario para introducir de forma irregular combustibles al país. Este esquema implicaba reportar volúmenes de hidrocarburos muy inferiores a los reales, evadiendo así el pago de impuestos. En ocasiones, las declaraciones aduaneras informaban apenas el 10 por ciento de la carga efectiva para frustrar los controles fiscales.
¿Cuál es el impacto del contrabando fiscal?
Este esquema ha ocasionado graves pérdidas para el gobierno, calculadas en más de 4 mil millones de pesos. La FGR continúa trabajando para desarticular la red y evitar que operaciones de este tipo ocurran nuevamente.
¿Quiénes más están involucrados en el caso?
Nueve personas han sido detenidas hasta la fecha, con ocho vinculadas a proceso. Además de Guadalupe “N”, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, también se encuentra en prisión por su rol en esta red de "huachicol fiscal". Las autoridades siguen investigando a otras posibles personas implicadas para ir más allá de las empresas fachada.
La detención de Guadalupe "N" es un paso significativo en la desarticulación de esta red delictiva. Las autoridades trabajan para asegurar que la justicia se aplique a todos los involucrados y prevenir futuros delitos que afecten al erario público.
Con información de diariodemexico.com