La empresa Territorium Life, que llevó a cabo el examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido beneficiada con numerosos contratos que suman más de 218 millones de pesos, provenientes de diversas instituciones públicas, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al extinto Consejo de la Judicatura Federal.
Datos clave
- Cuánto: Más de 218 millones de pesos.
- Quién: Territorium Life.
- Dónde: Contratos con INE, IECM y universidades estatales.
- Cuándo: A partir de 2021 hasta 2025.
Recientes revisiones a la Plataforma Nacional de Transparencia han revelado que Territorium Life ha firmado contratos con universidades estatales como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como con instituciones de educación superior en otros estados. Este interés ha llevado a interrogantes sobre la transparencia y la eficacia de los procesos de adjudicación.
¿Qué significa para las instituciones educativas?
Las instituciones educativas que han contratado los servicios de Territorium Life justifiquen su decisión basándose en la supuesta experiencia y tecnología avanzada de la empresa. En 2024, la UNAM otorgó un contrato a Territorium Life para aplicar su examen virtual de licenciatura, con un monto que oscila entre 40.7 y 101.7 millones de pesos. A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal asignó en 2024 contratos que totalizan 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia.
La adjudicación de estos contratos ha generado críticas. La BUAP y otras instituciones han sido motivo de alegaciones de falta de transparencia, ya que las cantidades comprometidas en contratos son elevadas, lo que afecta notablemente sus presupuestos.
¿A quién afecta esta situación?
La situación impacta no solo a las instituciones directamente involucradas, sino también a los estudiantes y al sistema educativo en general. Los signos de favoritismo y la falta de competencia en la selección de proveedores podrían resultar en una disminución de la calidad educativa y la confianza en los mecanismos de admisión.
Como próximos pasos, se espera que diversas instituciones revisen sus procesos de contratación y consideren una revisión más amplia de los contratos existentes, especialmente los de alto valor. Esto podría realizarse dentro de los próximos meses, ya que la presión por la transparencia e integridad en las decisiones gubernamentales sigue en aumento.
Con información de eluniversal.com.mx