Iguala, Guerrero. - La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa toma un nuevo rumbo tras las acusaciones contra las funerarias de la familia Rueda. La captura de Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo el 9 de octubre de 2025, acusados de operar un negocio que presuntamente facilitó las desapariciones, marca un punto crítico en el caso.
Las detenciones ocurrieron tras el cateo de la funeraria Rueda, donde las autoridades encontraron una bolsa con restos óseos. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso a siete detenidos por su presunta implicación en la desaparición forzada, incluyendo a funcionarios de salud que podrían haber colaborado al facilitar operaciones ilegales en ese establecimiento.
Dos testigos protegidos, miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, declararon que la incineración de los normalistas ocurrió en una funeraria habilitada como Semefo, lo que podría cambiar la narrativa oficial del caso. La doctora Osiris Ramírez y otros familiares de los involucrados expresan su escepticismo ante estas acusaciones, argumentando que no hay evidencia que las respalde.
“Los testimonios son recientes y no coinciden con las realidades de aquella madrugada”, mencionó María de Jesús Valladares, hermana de un médico legista involucrado. Ella enfatiza que el resguardo de los cuerpos estaba a cargo de las autoridades y que los procedimientos se realizaron bajo vigilancia.
La situación se agrava al revelarse que el Semefo de Iguala alberga al menos 76 cuerpos no identificados. Muchos de estos pertenecen a casos no relacionados con los normalistas, lo que complica aún más la búsqueda de justicia. La investigación sigue su curso, con la expectativa de que los procesos judiciales avancen y se aclare la verdad sobre los hechos de septiembre de 2014.
Con información de lja.mx

