La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó decisiones clave que fortalecen los derechos de las personas con discapacidad y los grupos indígenas. Durante una sesión celebrada el 18 de agosto de 2026, la Corte emitió resoluciones que establecen la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar regulaciones que impacten sus derechos.
## Datos clave - La SCJN abordó la Acción de Inconstitucionalidad 104/2022. - Se determinó que las personas con discapacidad deben ser consultadas en la legislación. - El Congreso de Tamaulipas tiene 12 meses para reponer el proceso legislativo. - Se invalidaron requisitos que exigían certificación de competencias para puestos reservados.
Las resoluciones discutidas se centran en la participación de las personas con discapacidad en el proceso legislativo y en la protección de los derechos de una mujer indígena que enfrentaba un juicio mercantil. Al invalidar ciertas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y del Código Municipal de Tamaulipas, la Corte subrayó la importancia de que las consultas se realicen de manera que los involucrados puedan participar efectivamente en las decisiones que les afectan.
La SCJN afirmó que la consulta no debe ser un mero trámite, sino que debe permitir una involucración directa, en línea con el principio “nada sobre nosotros sin nosotros”. Además, se estableció que cualquier regulación futura debe surgir tras un diálogo genuino entre el Congreso y la comunidad de personas con discapacidad.
## ¿Qué implica la decisión de la SCJN para las personas con discapacidad? La decisión de la SCJN implica que las personas con discapacidad tienen el derecho a ser consultadas sobre cualquier legislación que las afecte. Esto refuerza el marco jurídico en favor de su participación activa y su inclusión en la formulación de políticas públicas.
## ¿Cómo afecta esto a las normas laborales en Tamaulipas? Las normas laborales en Tamaulipas, que requerían que las personas con discapacidad presentaran una certificación para acceder a ciertos empleos, han sido invalidadas. Con esta decisión, se busca eliminar obstáculos que obstaculizan la inclusión laboral de estas personas, promoviendo una igualdad de oportunidades sin cargas administrativas injustificadas.
La Corte también esclareció que, al manifestar pertenencia a un grupo indígena, las personas deben recibir un tratamiento que respete su identidad, garantizando medidas adecuadas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito judicial.
Con información de ejecentral.com.mx