El revés en la política mexicana se intensifica con la confirmación del Departamento de Estado sobre la revocación de las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya. Ambos funcionarios, vinculados al partido Morena, enfrentarían investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.
A pesar de esta situación, las fuentes informan que Durazo y Villarreal conservan físicamente sus visas, ya que no han intentado ingresar a Estados Unidos recientemente. Esto podría impedir que las autoridades estadounidenses retiren sus documentos de forma directa. La noticia fue inicialmente publicada por el semanario ZETA de Tijuana y contradice las declaraciones de los gobernadores, quienes han rechazado las acusaciones y aseguran que no han recibido notificación alguna.
En conferencias de prensa, tanto Durazo como Villarreal calificaron las acusaciones de infames y carentes de pruebas. Durazo afirmó que ha actuado con transparencia durante su carrera pública y pidió claridad a las autoridades estadounidenses. Por su parte, Villarreal rechazó la existencia de procedimientos judiciales o comunicados que respalden las versiones de los medios, considerándolos falsos y sin base documental.
Este escándalo se contextualiza en un ambiente de creciente presión por parte del gobierno estadounidense sobre funcionarios mexicanos. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han implementado estrategias más severas contra el narcotráfico, lo que ha llevado a diversas indagatorias sobre políticos del país vecino. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a los gobernadores a aclarar su situación y cuestionó las filtraciones de información sobre medidas migratorias.
Aunque no hay confirmación oficial de la revocación por parte de las autoridades estadounidenses, el debate en torno a la situación de Durazo y Villarreal continúa y podría tener repercusiones significativas en las relaciones bilaterales.
Con información de laopinion.com