En México, al menos diez de los 32 estados han incorporado drones a sus cuerpos policiales para enfrentar la delincuencia, con presupuestos que van de 157 mil a 20 millones de pesos. Esta tendencia se da en un contexto donde el crimen organizado utiliza dispositivos más sofisticados y numerosos.
Las diferentes Secretarías de Seguridad Pública (SSP) estatales han optado por adquirir drones de manera independiente, sin un estándar que regule sus características y uso. Así, cada entidad presenta una variedad de modelos y precios, lo que se refleja en un análisis realizado por un medio de comunicación sobre estas adquisiciones en los últimos años.
Expertos en políticas de seguridad pública han propuesto la creación de un protocolo que iguale las especificaciones de estos dispositivos. Sin embargo, las autoridades policiales destacan la autonomía de cada estado para elegir los drones según sus necesidades. La falta de transparencia se observa también en las respuestas a solicitudes de información sobre la cantidad y costo de los drones, destacando la disparidad en la información que cada entidad decide divulgar.
En los estados que sí compartieron datos, se reveló que la Ciudad de México ha sido la que más ha invertido, con un contrato de 20 millones de pesos para un sistema de tres drones destinado a vigilancia aérea. En contraste, Campeche ha destinado la cantidad más baja, adquiriendo un dron por 157 mil pesos para la búsqueda de personas. Hidalgo se destaca por haber adquirido la mayor cantidad, con un total de 28 drones, destacando las especificaciones técnicas que transparentaron.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de establecer lineamientos claros que regulen el uso y adquisición de estas herramientas. Sin tales directrices, las policías están expuestas a vulnerabilidades, lo que puede afectar su eficacia en la lucha contra la delincuencia.
Con información de milenio.com