Guadalajara, Jalisco. – Autoridades de Jalisco lograron la detención de tres presuntos extorsionadores de origen sudamericano, presuntamente involucrados en esquemas fraudulentos como los préstamos de dinero conocidos como “gota a gota” y las engañosas “rifas colombianas”. El operativo interinstitucional, que incluyó al Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Metropolitana y la Policía Estatal, se llevó a cabo en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
Los detenidos fueron identificados como Arturo “N”, de 31 años, y Andrés “N”, de 38, ambos de nacionalidad colombiana, y Dainer “N”, de 21 años, de origen venezolano. Los tres fueron remitidos al INM por no poder acreditar su estancia legal en el país, además de las acusaciones en su contra.
El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan, donde dos individuos coincidían con las descripciones de reportes ciudadanos sobre presunto cobro de dinero mediante engaños. Al solicitarles identificación, exhibieron credenciales colombianas pero carecían de documentación que validara su legal estancia en México.
Posteriormente, en la Avenida Mandarina y Calle 9, en el Mercado de Abastos de Guadalajara, se ubicó al tercer implicado, de presunta nacionalidad venezolana, quien tampoco pudo comprobar su situación migratoria.
La intensificación de estos operativos se dio tras el reciente asesinato de Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos, ocurrido el 29 de diciembre pasado en Zapopan. Las autoridades estatales vincularon a Prieto Valencia con actividades ilícitas relacionadas con los esquemas de “rifas colombianas” y préstamos “gota a gota”. El violento ataque, donde murieron su hija y uno de sus escoltas, llevó al gobierno de Jalisco a deslindar al fallecido de la clase empresarial y a señalar al Cártel de Jalisco Nueva Generación como autor intelectual del crimen.
Este tipo de redes delictivas han sido objeto de investigación en Jalisco. En junio pasado, la Fiscalía cateó fincas en Tonalá donde rescató a 14 adultos y 4 menores, en su mayoría colombianos y venezolanos, quienes eran obligados a vender boletos para rifas fraudulentas. En esa ocasión, se detalló que una sola red podía generar ganancias de hasta 180 mil pesos diarios mediante la venta de boletos para supuestos sorteos de electrodomésticos que nunca se entregaban.