Ciudad de México. - La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmaron un acuerdo que interconecta sus sistemas de información, permitiendo a la Guardia Nacional acceso a la Plataforma Central de Inteligencia. Este convenio, suscrito por el general Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, busca mejorar la eficiencia de las investigaciones contra el crimen organizado.
La correlación de datos entre la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia facilitará la identificación de patrones delictivos y vínculos entre organizaciones criminales. El objetivo es generar "datos de prueba" sólidos que aseguren que las detenciones se traduzcan en vinculaciones a proceso efectivas ante los jueces, dado que aproximadamente el 50% de los detenidos por delitos graves no cumplen con las condenas correspondientes.
Las deficiencias en la comunicación entre plataformas de inteligencia han sido evidentes en las últimas décadas, lo que ha contribuido a la ineficiencia y corrupción dentro de las instituciones. A nivel internacional, Estados Unidos cuenta con múltiples agencias que operan en sinergia, destacando la creación de una oficina que supervisa toda la comunidad de inteligencia tras los atentados del 11 de septiembre.
Ante el retiro militar de funciones de seguridad pública previsto para 2028, la coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades civiles se vuelve esencial. La falta de policías eficientes a nivel local representa un gran reto para lograr la seguridad pública. Hasta ahora, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha existido escaso apoyo a las fuerzas policiales locales, lo que ha perpetuado situaciones de corrupción y desconfianza.
Para que la Guardia Nacional asuma completamente las funciones civiles, es necesario que los estados certifiquen a sus policías, mejoren sus condiciones laborales y cuenten con tecnología adecuada. Sin embargo, este proceso parece complicado, dado el débil apoyo financiero que las entidades federativas reciben, especialmente aquellas gobernadas por la oposición. Este acuerdo es un primer paso hacia una mayor coordinación, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de 2028.
Con información de diariodechiapas.com