La oleada de violencia revela un incremento alarmante, con cifras que superan las estadísticas oficiales y movilizan a organizaciones sociales.
Yucatán enfrenta una escalada inédita de feminicidios en los últimos días, con cuatro casos reportados en apenas dos semanas. Esta tendencia, que no se había registrado desde la tipificación formal del delito en 2013, mantiene en alerta a las autoridades y a la sociedad civil. Durante ese período, el promedio de feminicidios se sitúa en una pérdida de una vida cada 78 horas, una frecuencia inusual en un estado caracterizado por su baja incidencia de delitos de violencia letal y diversas cifras oficiales que reflejan cifras bajas en comparación con otras regiones del país.
Hasta el momento, las cifras oficiales suman 11 feminicidios en lo que va de 2025, elevando en un 57 % las cifras reportadas en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron siete casos. Sin embargo, agrupaciones de la sociedad civil advierten que la cifra real podría ser de 15, incrementando el porcentaje de aumento a un 114 %. Este incremento refleja la urgencia de implementar políticas efectivas de prevención y protección, aún pendientes en un contexto donde la violencia contra la mujer continúa en aumento.
El caso de Naomi, una joven de 25 años desaparecida desde diciembre 10, y cuyo cadáver fue hallado recientemente, ejemplifica la gravedad de la situación. Presuntamente, su pareja sería responsable del feminicidio, aunque las autoridades mantienen reserva en el avance de la investigación. Paralelamente, se detuvo a Adrián Oswaldo “Oso”, presunto responsable del asesinato de una mujer de 88 años en Mérida, ocurrido en diciembre, que ejemplifica la percepción de insuficiencia en la respuesta estatal ante estos delitos. La falta de programas de prevención y la atención insuficiente a víctimas son señaladas por las organizaciones sociales como causas principales del incremento en la violencia de género en la región.
Es fundamental entender que, más allá de las cifras, estos hechos reflejan una problemática social estructural que requiere acciones integrales. La atención a las víctimas, la erradicación de la impunidad y la sensibilización social son pasos imprescindibles para revertir esta tendencia y garantizar un entorno seguro para las mujeres.