Una reunión en Mérida evidenció la desatención y poca empatía de la dependencia hacia activistas y sociedad civil en temas de violencia de género. Una situación controvertida en Mérida, Yucatán, durante una reunión del Consejo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres expuso deficiencias en la gestión de la Secretaría de las Mujeres. La titular, Sisely Burgos Cano, presenció una actitud que generó malestar entre activistas y representantes del sector empresarial, quienes fueron relegados a una zona de asistentes, lejos de la mesa principal y sin participación directa en la discusión. La escena evidenció una falta de sensibilidad institucional, en la que las asistentes expresaron su descontento ante la actitud excluyente. La secretaria justificó la disposición basada en normativas heredadas, afirmando que las activistas "solo tienen voz, no voto", y por ello no debían estar en la mesa principal. La respuesta generó tensión y una de las representantes, con extensa trayectoria en el consejo, manifestó que nunca antes habían sido tratadas de manera similar. Para mitigar el conflicto, Burgos Cano permitió la incorporación de más sillas alrededor de la mesa y ordenó cambios en su personal, pero el malestar persistió. Este episodio revela una desconexión que podría afectar la credibilidad y la eficacia de la dependencia en la atención a la violencia de género, además de poner en duda su compromiso con la inclusión y el respeto hacia la sociedad civil, pieza fundamental en la formulación de políticas públicas eficaces. El incidente cobra relevancia en un contexto donde la percepción general indica que la sensibilidad y liderazgo en instituciones que deben proteger los derechos de las mujeres aún enfrentan desafíos considerables. La forma en que las autoridades gestionan estos espacios define la confianza y el avance en la lucha contra la violencia de género en la región.
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