Desde diciembre, la gobernadora Rocío Nahle y el Congreso podrán nombrar y remover al fiscal general, con un proceso que acorta los plazos y establece nuevas funciones.
A partir del 5 de diciembre, las modificaciones constitucionales en el estado de Veracruz entraron en vigor, otorgando mayores facultades a la gobernadora Rocío Nahle y al Congreso local en el proceso de selección y remoción del fiscal general. La reforma establece que el cargo tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de una segunda ratificación por otros cuatro, ambos procesos con supervisión del Congreso. Además, permite que la mandataria estatal remueva al fiscal por causas graves, aunque la decisión puede ser revisada por el Legislativo, garantizando ciertos mecanismos de balance institucional.
Estos cambios, implementados en un plazo extraordinario de solo dos semanas desde su propuesta inicial, responden a la necesidad de acelerar los procesos institucionales y fortalecer la independencia del fiscal, en un contexto donde la seguridad y la justicia públicas adquieren prioridad. La reforma también señala que en caso de desacuerdo, el Congreso debe emitir una resolución en cinco días hábiles; si no lo hace, se dará por aprobada la propuesta.
La reforma llega en un momento en que la Fiscalía General del Estado enfrentaba cuestionamientos sobre su autonomía y procesos de remoción, fortaleciendo la posición del Ejecutivo en la gestión del cargo. Es relevante señalar que el perfil para el fiscal requiere experiencia en derecho, integridad y compromiso con los derechos humanos, y que en la actualidad el próximo fiscal no necesariamente será originario de Veracruz.
Analistas consideran que estos cambios apuntan a un intento de modernizar los procedimientos y brindar mayor control político, a la vez que buscan garantizar estabilidad y continuidad en la Procuración de Justicia en la entidad.