Tras una gestión de más de cinco años, Hernández Giadáns deja el cargo en medio de cambios legales y transición hacia una nueva designación conforme a la reforma constitucional.
El 8 de diciembre, en una sesión legislativa, el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la renuncia de Verónica Hernández Giadáns a su cargo como fiscal general del estado, poniendo fin anticipadamente a un mandato de nueve años. La decisión se dio en medio de nuevas disposiciones constitucionales que fortalecen los procesos de designación y remoción en la fiscalía, fortaleciendo así la accountability institucional.
Hernández Giadáns, quien asumió funciones en circunstancias políticas complejas en 2019 tras la destitución de Jorge Winckler Ortiz, expresó en su carta de renuncia su apoyo a las recientes reformas, que otorgan mayor autonomía y facultades a la gobernadora Rocío Nahle para designar y remover al fiscal general. La exfuncionaria destacó los avances en infraestructura, profesionalización y tecnificación de la fiscalía durante su gestión, además de los retos enfrentados y los esfuerzos conjuntos con instituciones federales y municipales para combatir la corrupción y mejorar la atención a víctimas.
El proceso de transición para designar a su sucesor se encuentra enmarcado en la nueva ley aprobada a principios de diciembre, que contempla un sistema de propuesta y ratificación por parte del Congreso, con una votación que requiere mayoría calificada. La magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, integrante de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, emerge como principal candidata para reemplazar a Hernández Giadáns, después de que se le concediera una licencia en ese mismo proceso.
Este cambio de liderazgo en la Fiscalía General de Veracruz adquiere relevancia en un contexto donde la independencia y la eficiencia de las instituciones judiciales están en el centro del debate público, especialmente en un momento en que la legislación local busca consolidar mayores controles y transparencia en dichos procesos.
Como análisis adicional, la entrada en vigor de los nuevos procedimientos refleja una tendencia nacional hacia la mayor institucionalización y transparencia en la designación de los responsables de impartir justicia, lo cual puede impactar en la percepción social sobre la lucha anticorrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la región.