La modificación constitucional permitirá a Rocío Nahle proponer y remover al fiscal del Estado, modificando el proceso de elección y duración del cargo.
En una sesión realizada durante la noche, los legisladores del Congreso de Veracruz ratificaron una reforma constitucional que modifica el proceso de designación y el período del fiscal general del estado. La nueva normativa devuelve a la mandataria estatal la facultad de proponer y remover al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), fortaleciendo el papel del Poder Ejecutivo en la elección. La reforma establece que la gobernadora podrá presentar hasta dos ternas para que el Congreso las valide en un plazo de cinco días; si ambas son rechazadas, podrá nombrar directamente al fiscal, eliminando algunos requisitos previos y ampliando los plazos de designación.
Es importante contextualizar estos cambios en el marco de las reformas a justicia en Veracruz. La modificación apunta a agilizar los procesos institucionales y mejorar la rendición de cuentas, aunque ha generado polémica respecto a la autonomía de la Fiscalía frente al poder ejecutivo. La función de la fiscalización es clave para garantizar investigaciones imparciales y eficaz protección a las víctimas, por lo que expertos advierten sobre los riesgos de concentrar demasiadas facultades en una sola instancia.
El nuevo modelo reduce el mandato del fiscal a cuatro años, con posibilidad de reelección, buscando incentivar la eficiencia y la entrega de resultados en plazos menores. La reforma también establece mecanismos para que los poderes Legislativo y Ejecutivo participen en la renovación del cargo, promoviendo una mayor participación política en el proceso.
Este cambio en la estructura jurídica llama a una reflexión sobre el equilibrio de poderes en Veracruz, donde la seguridad y justicia son clave para el desarrollo social y político del estado. La propuesta será sometida ahora a modificaciones en la Ley Orgánica de la Fiscalía, con un plazo de 120 días para su actualización y validación definitiva por parte del Congreso y los cabildos correspondientes.