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Veracruz

Productores de maíz alertan sobre impacto de Ley de Aguas y fracaso de programa maíz-tortilla

El Consejo Nacional de la Tortilla alerta sobre los efectos adversos de la Ley General de Aguas en los productores de maíz y cuestiona la viabilidad del programa Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

Por Redacción1 min de lectura
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Veracruz, Veracruz. – El Consejo Nacional de la Tortilla ha expresado su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley General de Aguas, argumentando que esta legislación impactará negativamente a los productores de maíz y a la ciudadanía en general.

Homero López García, presidente del Consejo, señaló que la ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, podría generar complicaciones significativas, como la posible pérdida de la propiedad sobre pozos de agua en terrenos privados, cuya administración pasaría al gobierno, con posibilidad de medidores y tarifas arbitrarias.

López García también criticó a los legisladores, a quienes acusó de traicionar a los mexicanos y contribuir a la inflación actual en el país.

En otro orden de ideas, el dirigente empresarial calificó como un fracaso la iniciativa del gobierno federal denominada Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, diseñada para estabilizar precios y asegurar la disponibilidad y calidad del producto. Según el Consejo, este programa nació sin viabilidad y no tardará en desaparecer.

Señaló que la administración pública intenta manipular los precios para mantenerlos accesibles, pero trasladando la carga financiera a los industriales sin ofrecer incentivos adecuados. Agregó que menos del uno por ciento de los negocios del sector se han adherido al proyecto en lo que va del año, lo que demuestra su falta de factibilidad.

El Consejo Nacional de la Tortilla ha solicitado reuniones para poder apoyar el programa, pero bajo condiciones viables, y espera que se recomponga la iniciativa. López García enfatizó que la industria no debe asumir las consecuencias de decisiones gubernamentales erróneas y urgió a los funcionarios públicos a escuchar al sector para implementar políticas públicas que beneficien tanto a productores como a consumidores.

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