Comunidades afectadas exigen acciones contra derrames de hidrocarburo que han provocado riesgos a la salud y daños en la infraestructura escolar.
En el municipio de Tihuatlán, en Veracruz, habitantes de la comunidad de Totolapa realizaron una manifestación frente a las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Poza Rica, para denunciar recurrentes derrames de hidrocarburo provenientes de ductos activos. La comunidad señala que, en los últimos meses, al menos cuatro incidentes similares han afectado a más de 500 familias, sin que la empresa estatal implemente medidas efectivas de contención o remediación.
La problemática ha adquirido una dimensión preocupante, especialmente para los niños y niñas que habitan en la zona. Conductas de intoxicación, como dolores de cabeza, irritación en la garganta y dificultades respiratorias, se han presentado desde diciembre pasado, afectando incluso dentro de los hogares. La gravedad del riesgo ha llevado a reubicar temporalmente las actividades del jardín de niños local, ante el temor a que un posible deslizamiento o colapso de infraestructura ponga en peligro a los escolares.
Expertos y activistas locales advierten que la falta de intervención efectiva por parte de Pemex revela una insuficiente atención a la protección de las comunidades vulnerables ante los daños ambientales. La comunidad también solicita la construcción de muros de contención para prevenir deslizamientos y proteger tanto la salud pública como la infraestructura escolar. La situación refleja un problema estructural en la gestión de riesgos en áreas cercanas a ductos petroleros, resaltando la necesidad de mayor vigilancia y acciones preventivas por parte de las autoridades.
Este incidente pone de manifiesto los desafíos que enfrentan muchas comunidades cercanas a actividades extractivas en México, donde la protección del medio ambiente y la salud pública a menudo se ven amenazadas por intereses económicos y la falta de políticas preventivas adecuadas. La situación en Veracruz ejemplifica la importancia de fortalecer la supervisión y garantizar la responsabilidad corporativa frente a la protección de los derechos básicos de las comunidades.