La defensa del exgobernador de Veracruz denuncia la reactivación de procesos basados en tortura, mientras la fiscalía busca mantenerlo en prisión.
La estrategia jurídica para lograr la libertad anticipada del exgobernador Javier Duarte de Veracruz enfrenta un nuevo obstáculo, tras acusaciones de su defensa respecto a prácticas irregulares por parte de la fiscalía. Según declaraciones de su representante legal, la autoridad ha reactivado casos previamente descartados, fundamentados en presuntas torturas, con el fin de negar el beneficio procesal al político.
Este escenario se presenta en medio de una controversia sobre la integridad de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, que además pretende presentar varios testigos, incluyendo algunos provenientes de Veracruz, para argumentar la vacilación en la liberación de Duarte. La defensa recalca que estos procedimientos están contaminados por irregularidades y que buscan favorecer los intereses del Ministerio Público en detrimento del exgobernador.
Un punto llamativo de la situación radica en la aparente contradicción del sistema judicial, pues mientras se utilizan las acusaciones de tortura para justificar la detención de Duarte, sectores del aparato de justicia mantienen en prisión al exfiscal Jorge Winkler, también involucrado en esos mismos actos. La legítima duda sobre la existencia o no de tortura en estos casos podría afectar el peso probatorio en los procesos judiciales en curso.
Estas acciones generan preocupación sobre la equidad y la transparencia del sistema penal en Veracruz, colocando en el centro del debate la validez de las evidencias y los métodos utilizados por las autoridades para administrar justicia. La defensa confía en que los actos de tortura y las irregularidades legales invalidarán las acusaciones, buscando abrir paso a la libertad del exgobernador en los próximos meses. La importancia de estos hechos radica en la posible repercusión en la declaración de derechos y en la credibilidad del sistema judicial mexicano.