El exgobernador de Veracruz cuestiona la conducta de la Fiscalía durante la audiencia y reafirma su postura legal frente a las acusaciones.
En una audiencia reciente, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, expresó su indignación ante lo que considera una actuación irregular por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Duarte afirmó que la institución ha transformado el proceso judicial en un espectáculo mediático, acusándolo sin pruebas sólidas y faltándole al respeto en varias ocasiones. La controversia se centró en una acusación por supuestamente haber saqueado 60 mil millones de pesos, cifra que Duarte negó haber sido formalmente imputado o procesado por esa cantidad y resaltó que ya existe reparación de daños en su contra.
Para entender el contexto, es importante señalar que Duarte enfrenta múltiples procesos por corrupción y delitos relacionados con su gestión en Veracruz, uno de los estados con mayores índices de inseguridad y corrupción en México. La percepción pública sobre su caso se ha visto influenciada por las tensiones entre las fuerzas judiciales y los antecedentes del exgobernador, en medio de debates sobre transparencia y justicia en el sistema mexicano.
Durante la audiencia, Duarte también aclaró que no hubo denuncia contra su exsecretario de Finanzas, Antonio Tarek Abdalá, además de negar que haya amenazado a alguien vía redes sociales, ya que aseguró haber dejado esa actividad en 2016. La defensa, a cargo del abogado Pablo Campuzano, cuestionó la forma en que la Fiscalía trasladó a Duarte a la audiencia, argumentando que sufrió una baja de presión y fue sometido a procedimientos que podrían considerarse tortuosos.
Por su parte, el fiscal Manuel Granados sostuvo que Duarte no cumple con los requisitos legales para obtener un acuerdo de libertad anticipada, incluyendo la participación en actividades de esparcimiento y garantías suficientes para evitar riesgos procesales. La disputa refleja las complejidades del caso y las tensiones en la administración de justicia en México.
El escenario continúa siendo un ejemplo de las disputas y controversias que rodean a los procesos judiciales contra exfuncionarios públicos en el país, donde la percepción de justicia y respeto a los derechos humanos aún genera debates públicos y políticos.