Autoridades aseguran una estructura criminal vinculada al robo y comercio ilegal de combustible, con varias órdenes de captura y operativos en cuatro estados.
Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una operación de gran alcance para desarticular una organización dedicada al contrabando y venta ilícita de hidrocarburos en varias regiones del país. En los operativos, efectivos de seguridad lograron capturar a trece personas, entre ellas empresarios, funcionarios públicos y militares activos y en retiro, en lo que representa uno de los golpes más contundentes contra el huachicolismo en la historia reciente.
La investigación se desencadenó tras un decomiso significativo de diésel en el puerto de Tampico, donde se aseguraron diez millones de litros en marzo pasado. Los esfuerzos de inteligencia permitieron identificar y desmantelar una red que operaba con documentación falsa y que involucraba a actores en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México. La organización realizaba transferencias de combustibles ilícitos mediante una estructura compleja que utilizaba empresas fantasma, vehículos de lujo y movimientos financieros sospechosos.
Entre los detenidos se encuentra un vicealmirante de la Armada de México, sobrino de un exsecretario de Marina, cuyos antecedentes fueron respaldados por las autoridades, que aseguraron que su actuación aislada no refleja la integridad de la institución naval. El arresto se sumó a la captura de otros funcionarios y empresarios vinculados con la operación de contrabando, todos bajo la autoridad de órdenes de aprehensión giradas por jueces federales. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transacciones irregulares vinculadas al lavado de dinero y adquisición de bienes de lujo que contrastan con sus perfiles económicos.
El fiscal general del país explicó que, a pesar del avance, existen varias personas prófugas y continúa la emisión de órdenes de captura para completar la desarticulación del grupo. La estrategia busca disminuir la economía ilícita generada por el robo de combustibles, que afecta a la nación con pérdidas millonarias y compromete la seguridad energética del país.
Este operativo representa un esfuerzo coordinado para frenar un problema que ha persistido durante años en México, y refuerza la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones para garantizar la justicia y la seguridad en la cadena de suministro de hidrocarburos.