El Congreso de Veracruz ha comenzado el proceso de desafuero contra dos alcaldes del partido Movimiento Ciudadano debido a investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Este procedimiento se inició tras la recepción de solicitudes de la FGE que involucran a ambos funcionarios en actividades delictivas.
Datos clave
- Alcaldes involucrados: Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero.
- Raúl González Martínez es alcalde de Ixhuatlán del Sureste.
- Bertín Bravo Montero es presidente municipal de Úrsulo Galván.
- Ambos tienen siete días para presentar su defensa ante la Comisión Instructora.
González Martínez está siendo investigado en relación con la detención de personal de la Policía Municipal tras el crimen de la comunicadora Roxana Guzmán, quien fue asesinada en Nanchital. Este caso ha generado una atención significativa por parte de las autoridades ministeriales, que continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad de los implicados.
Por su parte, Bravo Montero enfrenta un proceso relacionado con la desaparición de un empresario y su escolta en Úrsulo Galván. En ambos casos, el Congreso local ha indicado que el avance del procedimiento de desafuero será crucial para decidir si los alcaldes podrán ser sujetos a un proceso penal. Dependiendo del resultado, se evaluará la posibilidad de designar suplentes o de instalar Consejos Municipales.
¿Qué implica el desafuero en Veracruz?
El desafuero es un procedimiento que permite a la legislación local quitar la protección constitucional que tienen ciertos funcionarios, como los alcaldes, a fin de que puedan ser juzgados por actos delictivos. Este proceso se lleva a cabo en respeto al debido proceso, garantizando que los implicados tengan la oportunidad de defenderse adecuadamente.
¿Cuál es la reacción de Movimiento Ciudadano?
El partido Movimiento Ciudadano ha emitido un comunicado solicitando que las investigaciones sean realizadas de manera legal y objetiva, sin persecución política. Reiteró la importancia de investigar cualquier acto delictivo y que las acciones de la Fiscalía se apeguen a la ley.
El Congreso de Veracruz dará seguimiento a los procedimientos y será la Comisión Instructora la responsable de determinar si se procede o no con el desafuero de ambos funcionarios.
Con información de unotv.com