La presidenta recorrió comunidades afectadas por lluvias, mientras la ausencia de Nahle genera preguntas sobre las relaciones políticas en la región.
El fin de semana, la presidenta de México realizó una visita a Veracruz para supervisar las labores de atención a las comunidades afectadas por intensas lluvias en las últimas semanas. La jornada incluyó recorridos en el municipio de El Higo, donde se concentró en evaluar los avances en los trabajos de limpieza y en la atención a los damnificados. Sin embargo, esta vez no contó con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle, lo que ha alimentado interpretaciones sobre posibles tensiones políticas internas o discrepancias en la coordinación de la entidad.
La visita de la mandataria estatal anterior fue marcada por cierta incomodidad, ya que enfrentó cuestionamientos sobre la gestión ante las afectaciones lluviosas, reflejando los desafíos que enfrentan las autoridades en la atención a emergencias naturales. En contraste, en polémicas incursiones políticas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se mostró muy cercano a la presidenta durante otra gira en la región, acompañándola en su recorrido y participando en actividades públicas. Gallardo, a menudo señalado por presuntas prácticas de nepotismo, buscó reforzar su imagen con apariciones en medio de las visitas oficiales.
Por otra parte, en medio del contexto político, el gobernador de Tabasco, Javier May, defendió al dirigente José Ramiro López Obrador, ante acusaciones sobre la adquisición de múltiples propiedades en los últimos años, calificando estas denuncias como parte de campañas mediáticas promovidas por actores conservadores.
Mientras tanto, organizaciones indígenas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional alertaron sobre la vulnerabilidad de las comunidades originarias en Veracruz, resaltando el impacto de las lluvias y criticando el abandono gubernamental, en un llamado urgente a la solidaridad y la atención a estas zonas olvidadas.
Este escenario refleja las complejidades políticas y sociales que enfrentan las autoridades mexicanas en la gestión de emergencias y en la administración regional, evidenciando tensiones internas y la importancia de una coordinación efectiva ante desastres naturales.