La empresa Qui Lab, sancionada por Estados Unidos por nexos con el cártel de Sinaloa, recibió autorizaciones en Sonora durante la gestión de un excolaborador de Durazo, en una situación que genera dudas sobre los controles gubernamentales.
Un exfuncionario destacado de la administración de Alfonso Durazo en Sonora, quien anteriormente ocupó el cargo de coordinador de Protección Civil, autorizó permisos para la empresa Qui Lab, la cual ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. La firma fue formalmente sancionada por suministrar precursores químicos ilícitos asociados con el tráfico de fentanilo, una problemática que ha impactado seriamente en la seguridad y salud pública a nivel internacional.
Durante su gestión entre 2021 y 2023, el funcionario aprobó en varias ocasiones el Programa Interno de Protección Civil (PIPC) para Qui Lab, facilitando su operación en Sonora sin realizar verificaciones sobre antecedentes penales o procesos judiciales, argumentando que estas decisiones corresponden a otras instancias y no a Protección Civil. La revisión se limitó a aspectos técnicos y de seguridad estructural en los inmuebles, en línea con la ley estatal.
El entorno de permisos en la misma empresa continuó durante la mandato de su sucesor, Armando Castañeda Sánchez, quien en 2023 aprobó una segunda autorización. Sin embargo, en 2024, esta fue rechazada por incumplimientos en la instalación de sistemas contra incendios, lo que refleja una posible supervisión o riesgo para la seguridad pública.
En un contexto internacional, el 6 de octubre, el gobierno de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas mexicanas relacionadas con el tráfico de precursores para el fentanilo, incluyendo a Qui Lab y otras firmas químicas vinculadas a actividades ilícitas y a la familia Favela López, presunta red que operaría en el mismo sector. Las sanciones buscan desarticular las operaciones que financian y facilitan la actividad criminal en la frontera norte del continente, poniendo en evidencia las conexiones clandestinas que aún operan bajo la protección de permisos aparentemente oficiales.
Este caso evidencia desafíos en la regulación, control y supervisión de actividades empresariales que, pese a estar sancionadas internacionalmente, siguen recibiendo autorizaciones en diferentes niveles del gobierno mexicano, lo que puede favorecer actividades ilícitas y dificultar los esfuerzos para controlar el narcotráfico y el lavado de dinero.