Tres figuras políticas de Sinaloa se han entregado a las autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. Ignacio Mier, líder del grupo morenista en el Senado, ha intentado ocultar las acciones de su partido, mientras los interrogatorios por narcoterrorismo avanzan. Esta situación muestra la creciente presión internacional sobre los involucrados en el narcotráfico.
Marco Antonio Almanza, coordinador de la Policía de Investigación de Sinaloa, es el último en entregarse, uniéndose a Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quienes buscan negociar su condición de testigos protegidos a cambio de información comprometida acerca de otros funcionarios y del actual gobernador, Rubén Rocha Moya.
Estas entregas evidencian la falta de protección que algunos acusados sienten bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de la negativa de Morena a aceptar las acusaciones de la administración de Joe Biden, los implicados parecen optar por la justicia estadounidense al reconocer la gravedad de los cargos.
La jueza federal Katherine Polk Failla programó la primera vista del caso de Gerardo Merida Sánchez, otro extraditable que se presentó voluntariamente. Su llegada a Nueva York marca un hito en la lucha contra la narcopolítica en México, resaltando la preocupación por el creciente número de políticos vinculados al narcotráfico.
A medida que las investigaciones se intensifican, el tiempo se agota para la presidenta Sheinbaum, quien enfrenta presión para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El eventual uso de medidas más drásticas por parte del gobierno estadounidense en México podría estar en el horizonte si no se actúa pronto.
Con información de eluniversal.com.mx