Culiacán, Sinaloa. - La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) ha solicitado a la Justicia que revoque la protección que actualmente tiene la diputada Paola Gárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha sido amenazada por el crimen organizado. La dependencia, encabezada por Omar García Harfuch, argumenta que las medidas de seguridad deben ser responsabilidad del Gobierno estatal, que ha sido objeto de críticas por parte de la legisladora.
En junio, Gárate encontró una corona fúnebre en la puerta de su casa, un mensaje del narco que le exigía dejar de lado su labor política. Ante esta situación, un tribunal le otorgó una protección federal que apenas había comenzado a aplicarse. La SSPC impugnó esta decisión el 27 de agosto, aunque una jueza negó hasta el momento la revocación de la protección federal.
Gárate ha sido víctima de amenazas en múltiples ocasiones. En 2021, fue secuestrada durante una jornada electoral y resistió un violento asalto en octubre de 2022. Los propios informes de seguridad reconocen su situación de riesgo debido a su oposición al gobierno de Rubén Rocha, actual gobernador de Sinaloa, quien ha sido acusado por Estados Unidos de tener nexos con grupos del crimen organizado.
La defensa de Gárate cuestiona la validez de las medidas de protección ofrecidas por la Fiscalía de Sinaloa, calificándolas como insuficientes en comparación con los requerimientos de seguridad que demanda la diputada. En su evaluación de riesgos, Gárate enfatizó el aumento de la violencia y la inseguridad en Sinaloa, y su temor a represalias por sus críticas al gobierno estatal.
La SSPC y la Guardia Nacional han concluido que la seguridad de Gárate debe ser garantizada por las autoridades locales. La diputada ha anunciado que seguirá buscando protección adecuada debido a la naturaleza grave de las amenazas que enfrenta.
Con información de elpais.com