El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa ha expresado su preocupación por la falta de detenciones en el país, tras la entrega en Estados Unidos de exfuncionarios locales acusados de vínculos con el crimen organizado. La diputada Paola Gárate Valenzuela mencionó que Sinaloa se ha convertido en un "exportador de narcopolíticos".
Gárate Valenzuela destacó que esta situación refleja una crisis de confianza en las instituciones. Afirmó que la entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a las autoridades estadounidenses se realizó sin la intervención del gobierno de México, lo que evidencia la inacción federal ante acusaciones tan graves.
Irma Guadalupe Moreno Ovalles, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, también cuestionó las medidas adoptadas, señalando que las cuentas bancarias de los implicados fueron congeladas, pero las detenciones provisionales no se llevaron a cabo. Esta tardanza, según ella, permitió a los acusados mover recursos financieros antes de que se tomaran acciones.
Moreno Ovalles criticó la postura oficial de algunos senadores, quien argumentan que los acusados deben ser juzgados en México. Resaltó la contradicción, al señalar que aquí no se ha iniciado ninguna investigación ni se persiguen delitos relacionados.
Las acusaciones de Estados Unidos apuntan al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve exfuncionarios, quienes supuestamente han colaborado con el Cártel de Sinaloa en actividades criminales, como el tráfico de drogas y armas. Los cargos incluyen desde asociación delictuosa hasta secuestro con resultado mortal para algunos de ellos.
Con información de revistaespejo.com