La situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se complica en el contexto de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Expertos en derecho internacional, durante un panel en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aclaran que la acción del gobierno mexicano ante este caso será más política que jurídica.
Los especialistas destacan que el tratado de extradición entre ambos países es mejorable, pero en su forma actual permite la entrega de individuos sin exigir pruebas. Javier Dondé Matute, experto en derecho penal internacional, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado correctamente al calificar este asunto como una cuestión de soberanía, rechazando intromisiones externas.
A pesar de la aparente firmeza de la respuesta de Sheinbaum, Dondé Matute sugirió que esto podría ser un intento de ganar tiempo para negociar. En este sentido, se refirió a las medidas de respaldo que se han otorgado a Rocha, quien no ha sido detenido formalmente ni se encuentra en un centro de reclusión, lo que sugiere una estrategia más amplia en juego.
Raúl Iruarte, otro experto en derecho penal, coincidió en que el destino de Rocha es más bien político y planteó la posibilidad de que el gobernador utilice el amparo. También enfatizó la necesidad de revisar el tratado, argumentando que podría violar derechos humanos. Este caso subraya la presión que enfrenta la administración de Sheinbaum en el actual panorama social y político.
La respuesta del gobierno federal parecería anticipar esta presión y la rápida evolución de la comunicación en la era digital, donde las redes sociales impactan de manera significativa en la presentación de este tipo de casos. La situación de Rocha Moya es un reflejo de la complejidad que enfrenta México en temas de extradición y derechos humanos.
Con información de vanguardia.com.mx