CULIACÁN, SINALOA. – La titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), Claudia Zulema Sánchez Kondo, ha confirmado la existencia de una carpeta de investigación activa por el delito de despojo en un predio ubicado en la zona de Montesierra, al norte de Culiacán. Esta ratificación surge tras semanas de incertidumbre sobre el estatus legal de las familias que ocupan el terreno, muchas de las cuales provienen de zonas serranas afectadas por la violencia.
La funcionaria detalló que el proceso legal inició hace aproximadamente un mes, a raíz de una querella interpuesta por los propietarios legítimos del terreno, quienes acreditaron la posesión legal con documentación oficial. Agentes investigadores han realizado diversas diligencias en el sitio para recabar pruebas y documentar la situación actual de la ocupación. “Sí hay una denuncia recibida aquí en la fiscalía por esa invasión, por el delito de despojo, y sí se presentó personal a realizar inspección derivado de su trabajo”, explicó Sánchez Kondo.
El contexto de los ocupantes añade una capa de complejidad al conflicto. Testimonios recabados en la zona indican que el grupo que ocupa el predio está compuesto principalmente por familias desplazadas por la violencia en municipios serranos como Badiraguato y áreas colindantes con Durango. Los ocupantes argumentan que su asentamiento responde a la falta de garantías de seguridad en sus comunidades de origen y a la necesidad de un espacio digno. No obstante, la Fiscal General enfatizó que, si bien se comprende el trasfondo social, el marco legal vigente obliga a proteger los derechos de propiedad de los dueños acreditados.
Durante las recientes inspecciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Sinaloa, surgieron señalamientos por parte de los habitantes del asentamiento sobre presuntos actos de intimidación y amenazas de desalojo inmediato. Al respecto, Sánchez Kondo fue enfática al señalar que la presencia policial se limita estrictamente a mandatos de investigación y no a operativos de lanzamiento arbitrarios. “Todas las personas tienen toda la libertad y el derecho de presentarse a interponer la denuncia correspondiente por amenazas”, puntualizó la Fiscal, invitando a canalizar cualquier queja a través de la vía institucional.
Por el momento, el destino de las familias en Montesierra se encuentra bajo cauce judicial. La Fiscalía continuará integrando los elementos de la carpeta de investigación para determinar las acciones legales correspondientes. Paralelamente, colectivos de desplazados han solicitado una mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Culiacán y el Gobierno del Estado para explorar alternativas de reubicación que eviten el uso de la fuerza pública.