El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha cobrado relevancia en Washington, complicando las expectativas sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Legisladores estadounidenses han comenzado a utilizar este incidente como ejemplo de la supuesta incapacidad del gobierno mexicano para frenar la infiltración del crimen organizado en la política.
Esta situación llega en un momento crítico, donde el vínculo entre ambos países enfrenta uno de sus mayores desafíos desde la renegociación del tratado en 2019. Lo que parecía un asunto interno se ha convertido en un elemento de presión que podría influir en la agenda comercial bilateral.
En Washington, el caso de Rocha Moya se ha tornado un termómetro sobre la gobernabilidad y la capacidad institucional de México. Esta percepción afecta la dinámica de las conversaciones, ya que el T-MEC no solo se basa en aspectos económicos, sino también en la confianza política entre las naciones.
De acuerdo con datos recientes, el comercio entre México y Estados Unidos alcanzó los 839 mil 900 millones de dólares en 2024, lo que reafirma a México como un socio comercial clave. Al mismo tiempo, el 22 de mayo de 2026, la Secretaría de Economía reportó que el país atrajo 23 mil 591 millones de dólares en inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, reflejando una estabilidad económica. Sin embargo, esta prosperidad se ve amenazada por la narrativa política que se intensifica en la administración estadounidense.
El enfoque del expresidente Donald Trump sobre temas de seguridad y narcotráfico ha contribuido a que México sea percibido como un problema de seguridad nacional. La presión es respaldada por altos funcionarios que han argumentado que el crimen y la migración deben ser parte central de cualquier estrategia en las conversaciones con México. En este contexto, la cobertura mediática refuerza la imagen de México como un riesgo sistémico, enfatizando la conexión entre el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza.
El gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, ha intentado responder a esta presión a través de un enfoque de defensa institucional. Su mensaje se centra en la soberanía y la necesidad de evidencias claras antes de aceptar acusaciones, subrayando que las imputaciones sin fundamentos claros son de naturaleza política.
Con información de merca20.com